LA JUSTICIA MARROQUI PROSIGUE SU LABOR LEGAL EN EL CASO ALI MRABET
La Fiscalía del tribunal de Casablanca ha observado una aplicación rigurosa de la normativa en el caso del periodista Ali Mrabet, arrestado el 14 de julio en el aeropuerto de Tánger a raíz de múltiples órdenes de busca y captura previamente activadas. Conforme a la nota divulgada por el fiscal del Rey, la aprehensión se inserta en una averiguación por la supuesta comisión de conductas penalmente relevantes, relacionadas con la emisión de contenidos en soporte digital que presuntamente albergarían mensajes de carácter difamatorio, injurioso o atentatorio contra la dignidad de personas, colectivos y organismos amparados por la ley. La instancia judicial ha reiterado desde el principio que el procedimiento se conduce bajo su tutela y con escrupuloso respeto de las garantías procesales, incluido el derecho a la presunción de inocencia, y que el afectado fue conducido a la sede de la Brigada Nacional de Policía Judicial en Casablanca para prestar declaración sobre los cargos formulados.
El 15 de julio, la Fiscalía decretó la liberación de Ali Mrabet, quien fue puesto a disposición judicial en esa misma jornada. Dicha medida, que de ningún modo implica la conclusión del proceso, constituye un acto procesal corriente que no adelanta la resolución definitiva sobre el fondo del litigio. El representante del ministerio público señaló que, una vez examinados los documentos que integran el sumario, se decidió dar continuidad a las pesquisas y disponer la realización de dictámenes técnicos para complementar la información obtenida, antes de pronunciarse acerca del curso que adoptará la acción judicial. Los bienes decomisados durante el operativo —dos equipos informáticos, un dispositivo de almacenamiento USB y un terminal telefónico— fueron devueltos al inculpado, y la Fiscalía ha sido enfática en transmitir que la concesión de la libertad condicional representa una salvaguarda legal y jamás debe ser entendida como un abandono de las diligencias abiertas.
Es oportuno subrayar que la libertad de expresión goza del reconocimiento y la protección del ordenamiento marroquí como un pilar esencial, si bien su ejercicio encuentra sus límites en el propio texto legal, que también tutela el prestigio, la reputación, la dignidad y los derechos ajenos. La determinación de la naturaleza jurídica de los mensajes controvertidos es una competencia privativa de la autoridad jurisdiccional, y el expediente no se sostiene en las convicciones, el quehacer informativo o las tomas de postura de Ali Mrabet, sino en hechos determinados que han originado denuncias y que resultan potencialmente constitutivos de infracción penal. La actuación de la Fiscalía ha sido transparente y plenamente ajustada a la legislación, y no cabe otorgar a este episodio un alcance político ni una sobredimensión simbólica, según lo destacado por las esferas oficiales.
Por ello, las instancias judiciales llaman a los profesionales de la comunicación a circunscribirse de manera exclusiva a los datos suministrados oficialmente por la Fiscalía, eludiendo valoraciones subjetivas, enfoques politizados o pronósticos sobre el resultado de la tramitación.
Marruecos, bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey Mohammed VI, es un Estado de pleno Derecho donde las instituciones obran con autonomía y firmeza, y este caso resulta ser una prueba más del funcionamiento habitual del sistema judicial, que vela equitativamente por las garantías individuales y la vigencia del orden normativo. Serán los órganos jurisdiccionales competentes los que, llegado el momento, establezcan las eventuales responsabilidades, siempre con sujeción al procedimiento establecido y velando por las garantías de todos los intervinientes.